La decisión asumida este martes por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, que ordenó mediante Sentencia No. 064-14-00238 reintegrar a la Escuela Turística del Caribe importantes espacios de la Casa Nacional del CDP, sorprendió a muchos periodistas en todo el país.
La reacción tiene lugar en el hecho de que no se ha explicado si la Asamblea General del gremio periodístico autorizó el arrendamiento de importantes espacios que limitan al CDP y a otros gremios radicados en el local, en vista de que, además de la azotea completa, se comprometieron otras áreas como el parqueo y una parte de la primera planta.
El otro aspecto que destaca tiene que ver con el hecho de que la generalidad de los periodistas miembros del CDP no tiene información acabada respecto a los montos envueltos en el alquiler, cuántos recibió el CDP por dicho concepto y qué tipo de manejo se dan a esos ingresos.
La disposición del referido tribunal no solo manda a que se entreguen las instalaciones cedidas mediante contrato a la Escuela Turística del Caribe, sino que dispone el desalojo de cualquier persona o institución que esté operando en las áreas contratadas.
Hasta el momento no se sabe qué parte del primer nivel de la Casa Nacional fue comprometida, tampoco por cuantos años, motivo que provoca suspicacia en muchos periodistas quienes estiman que nunca debió afectarse ni comprometerse el patrimonio del CDP, menos sin el consentimiento de su mayor órgano de dirección y decisiones, la Asamblea General.
El CDP fue sometido en 2014 por alegado incumplimiento de contrato con la Escuela Turística del Caribe, luego de que el presidente de entonces, Olivo de León, bloqueara de forma unilateral la entrada al edificio del personal docente, estudiantes y a funcionarios de la parte contratante, lo que fuera catalogado como ilegal, ilegítimo y sin fundamento.
La acción tampoco fue previamenta consultada por Olivo de León con la membresía y al parecer fue tomada sin medir las consecuencias que hoy afectan al gremio de los periodistas dominicanos.
Por esa razón muchos se plantean la urgencia de que sea convcada la Asamblea General extraordinaria, a los fines de abordar la lamentable situacion en que Olivo de León colocarra el principal patrimonio del CDP.
A consecuencia de la sentencia el CDP y particularmente Olivo de León deberán pagar las costas judiciales.
